La propuesta de Lenia Batres reaviva un debate fiscal anticipado por Fiscalia desde abril de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera categórica la posibilidad de que su gobierno impulse un impuesto sobre las herencias, luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, planteara revisar la exención fiscal aplicable a las herencias y legados.

“No estoy de acuerdo, no abriría ese debate”, expresó la mandataria el 9 de julio de 2026, con lo que descartó que el Ejecutivo federal pretenda promover una reforma fiscal en ese sentido. La declaración representa una definición política relevante frente a un asunto que, durante los últimos meses, ha adquirido creciente presencia en la discusión pública.

El origen inmediato: los recursos de una Afore
La controversia surgió durante el análisis de un asunto en el Pleno de la SCJN relacionado con el tratamiento fiscal de los recursos acumulados en la cuenta individual de una persona trabajadora fallecida, cuando éstos son entregados a sus beneficiarios. Este tema se aborda por Fiscalia en artículo publicado el 3 de julio de 2026, con el título “Recursos de AFORE entregados a beneficiarios: hacia una posible exención en ISR”.

El proyecto sometido a consideración buscaba establecer un criterio obligatorio respecto de la retención y pago del impuesto sobre la renta por la entrega de esos recursos; sin embargo, una mayoría de seis integrantes del Pleno rechazó la propuesta, al considerar que el ahorro entregado a los beneficiarios debía recibir un tratamiento equiparable al de una herencia o legado y, por tanto, no quedar sujeto al ISR en los términos planteados.
En México, el Artículo 93, fracción XXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se pagará este impuesto por los ingresos recibidos por herencia o legado. La discusión judicial consistía, precisamente, en determinar si los recursos provenientes de la cuenta individual de una persona fallecida podían quedar comprendidos dentro de esa protección fiscal.

La ministra Lenia Batres se pronunció en contra de extender la exención. Desde su perspectiva, la diferencia de tratamiento no debía resolverse considerando exentos los recursos de las Afores, sino revisando la exención general de las herencias y legados. Batres sostuvo que resulta inequitativo que la transmisión de patrimonios, incluso de gran valor, no genere una contribución fiscal y señaló que diversos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos aplican impuestos de esta naturaleza.

Aunque la ministra reconoció que la creación de un gravamen corresponde al Poder Legislativo, su posicionamiento trasladó rápidamente la controversia desde el ámbito judicial hacia la discusión política.

Rechazo desde el Ejecutivo y el Congreso
La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue directa: su gobierno no promoverá un impuesto a las herencias ni abrirá el debate para establecerlo.

A esta postura se sumó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien afirmó que el gravamen no forma parte de la agenda legislativa de su bancada y que, en caso de presentarse una iniciativa para establecerlo, los diputados de Morena la rechazarían.

Estas declaraciones reducen considerablemente, al menos en el corto plazo, la posibilidad política de que prospere una reforma de esta naturaleza. No obstante, el debate difícilmente puede considerarse concluido, pues ya existen propuestas legislativas que buscan limitar la exención aplicable a las herencias de mayor valor.

Un debate que Fiscalia había anticipado
El tema no surgió por primera vez con la discusión de la Suprema Corte. El 23 de abril de 2026, Fiscalia publica el análisis titulado “Reforma fiscal progresiva: Herencias, lujo y seguridad social universal”, en el que se examina una iniciativa presentada en el Senado para incorporar nuevos gravámenes sobre patrimonios elevados y destinar parte de la recaudación a un sistema de seguridad social universal.

Entre sus principales planteamientos, la iniciativa propone limitar la exención de ISR para herencias y legados superiores a 14 millones de pesos por persona y aplicar tasas progresivas de entre 10% y 18% sobre el excedente. También contempla cargas fiscales relacionadas con fideicomisos patrimoniales, bienes considerados de lujo y cambios de residencia fiscal, así como la creación de mecanismos para financiar la seguridad social de personas que no cuentan con cobertura institucional.

La propuesta despertó polémica desde su presentación. Sus defensores la consideraron un mecanismo de progresividad y redistribución de la riqueza, mientras que sus críticos advirtieron riesgos de doble tributación, afectaciones a empresas familiares, problemas de liquidez para los herederos y mayores incentivos para trasladar patrimonios o residencias fiscales al extranjero.

Desde entonces, la posibilidad de gravar las herencias ha permanecido en boca de la opinión pública. La intervención de Lenia Batres en la SCJN no creó el debate, pero sí lo reactivó y le dio una nueva dimensión, al vincularlo con los ahorros para el retiro y los derechos de los beneficiarios de trabajadores fallecidos.

Un cierre político, pero no necesariamente definitivo
El rechazo de la presidenta y de la dirigencia legislativa de Morena cierra, por ahora, la posibilidad de que el gobierno federal impulse un impuesto general a las herencias. También ofrece certidumbre inmediata a quienes realizan procesos sucesorios o planeaciones patrimoniales bajo el régimen fiscal vigente.

No obstante, la discusión deja ver que la tributación de los patrimonios elevados continuará apareciendo en la agenda pública. Las necesidades de financiamiento del Estado, la expansión de los sistemas de seguridad social y el debate sobre la concentración de la riqueza seguirán generando propuestas orientadas a revisar las exenciones aplicables a herencias, fideicomisos y transmisiones patrimoniales.

La relevancia del episodio no radica únicamente en que una ministra haya propuesto gravar las herencias, sino en que una iniciativa legislativa presentada meses antes, analizada oportunamente por Fiscalia, encontró ahora un nuevo punto de resonancia en la Suprema Corte y obligó a la titular del Ejecutivo y a la mayoría legislativa a fijar públicamente su postura.

Por el momento, el impuesto a las herencias no forma parte de la agenda del gobierno. El debate fiscal y político que lo rodea, sin embargo, permanece abierto en la opinión pública.

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Fuente: Fiscalia.com