Ley que genera profunda controversia por impulso a centralización de datos.

Con 75 votos a favor de Morena y sus aliados, y 37 en contra de la oposición, el Senado de la República aprobó, en la sesión extraordinaria del martes 24 de junio de 2025, la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, una iniciativa que busca rediseñar la relación entre ciudadanía y gobierno mediante un modelo digitalizado de gestión administrativa; sin embargo, a pesar de su nombre, la nueva legislación ha generado una profunda controversia en torno a temas como la centralización de datos, la protección de la información personal y la posible afectación al federalismo.

¿Qué propone esta nueva ley?
La ley tiene como objetivo simplificar y digitalizar la gestión pública mediante:

• La reducción de costos para los ciudadanos al sustituir trámites presenciales por digitales.
• La optimización de recursos entre dependencias y entidades públicas.
• La fusión de trámites redundantes o relacionados entre sí.
• La promoción de pagos electrónicos como mecanismo preferente.
• El establecimiento de un sistema único digital de gestión de trámites, operado por la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México.

Según la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Margarita Valdez, esta reforma permitirá un acceso más seguro, eficiente y transparente a los servicios gubernamentales, eliminando intermediarios innecesarios y cerrando espacios de discrecionalidad.

Concentración de datos y pérdida de controles
A pesar de los beneficios administrativos que plantea la reforma, la oposición ha advertido riesgos significativos para el equilibrio institucional y los derechos fundamentales. La senadora panista Laura Esquivel acusó que la verdadera intención detrás de esta ley no es simplificar trámites, sino concentrar poder e información, debilitando la autonomía de los estados y municipios y exponiendo los datos personales de la ciudadanía sin los debidos controles ni salvaguardas.

En la misma línea, la senadora priista Paloma Sánchez advirtió que, aunque la iniciativa se presenta como moderna y eficiente, en realidad avanza hacia la centralización total de la información ciudadana, dejando a una sola agencia del Ejecutivo el control de todos los expedientes digitales y registros de la población.

Su compañera de bancada, la senadora Claudia Anaya, fue más allá al señalar que esta ley podría incluso violar compromisos internacionales en materia de protección de datos personales, como lo establece el Artículo 19 del T-MEC, y advirtió sobre los costos fiscales que implicará su implementación, en un contexto de restricciones presupuestarias.

Conclusión
La digitalización de la gestión pública es una medida necesaria para mejorar la eficiencia administrativa; sin embargo, su implementación debe sustentarse en un marco legal que garantice la protección de datos personales, la integridad de los procesos y límites claros a la concentración de información.

La Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos abre la puerta a una modernización relevante, pero también genera preocupaciones legítimas sobre el manejo centralizado de datos, la vigilancia institucional y el debilitamiento del federalismo.

Fuente: Fiscalia.com